En su declaración del domingo 21 de agosto, los miembros de la Conferencia Episcopal Provincial de Bamenda (BAPEC) instan al gobierno a «ser más consciente de los efectos nocivos del abuso de drogas y de la violencia» y expresan su preocupación por «el aumento del abuso de las drogas y de la violencia que se ha registrado en colegios de todo el país durante el curso escolar 2021/2022».
Citando algunos hechos graves en los que se han visto implicados algunos estudiantes tales como prácticas sexuales de riesgo, asesinatos y episodios de violencia, los obispos subrayan que «tales actos de autodestrucción pueden comprometer seriamente la consecución de los objetivos educativos que se persigue en los centros de formación».
«El gobierno debe aumentar la conciencia sobre los efectos nocivos del abuso de las drogas y las consecuencias de la violencia y también fortalecer la aplicación de medidas para prevenir la venta, circulación y uso de drogas ilegales», piden los obispos.
Los jóvenes están llamados a convertirse en «los evangelizadores de sus semejantes. Nadie puede hacerlo mejor que ellos», subrayan.
Las regiones de habla inglesa, que representan alrededor del 20% de los casi 27 millones de habitantes de Camerún, están arrasadas por casi seis años de guerra entre el gobierno y los separatistas que luchan por crear un nuevo estado llamado Ambazonia.
El gobierno de Camerún asegura que al menos cuatro mil personas murieron y más de un millón se han visto obligadas a huir de sus hogares durante estos años de guerra. El primer ministro de Camerún, Joseph Dion Ngute, destacó que se ha registrado una caída del 72 % en la matriculación escolar en la región disidente entre 2017 y 2022.
Según la ONU, más de 700 mil niños se han visto obligados a dejar la escuela y dos de cada tres centros educativos han tenido que cerrar debido a la violencia. Los obispos lamentan el prolongado conflicto en las regiones del país, afirmando que todos los días se escuchan «los angustiados gritos de dolor», provocados por «secuestros, asesinatos, linchamientos, robos a mano armada y el uso indiscriminado de la fuerza por parte de algunos grupos armados y de algunos representantes de las fuerzas de seguridad del estado».
Crédito de la nota: Agencia Fides.
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